Pere Ortega
Investigador del Centre Delàs d'Estudis per la Pau

La imposible levedad de Mariano Rajoy prepara un nuevo ajuste de cuentas con los derechos de la ciudadanía. Desde luego que no es nada nuevo, pues esto lo viene haciendo desde que llegó al gobierno. Primero, Rajoy empezó por los propios y ajustó las cuentas al electorado que lo votó, pues hizo lo contrario de lo que les había prometido en su programa electoral. Luego, continuó dictando medidas de ajustes sociales para debilitar la precaria subsistencia de los más débiles. Como no podía ser menos, surgió la rebeldía, pues aquellos que sufrían las consecuencias empezaron a protestar. Protestas cada vez más airadas y que han ido tomando envergadura a través de los escraches a políticos, impidiendo desahucios, o rodeando el Congreso de Diputados para afear a sus señorías los ajustes antisociales.

Pero eso enervó al Gobierno del PP. Pues eso de que te toquen las narices en las cercanías de tu domicilio, en tu lugar de trabajo, que te llamen por teléfono o que te envíen emails para decirte palabras poco simpáticas no le gusta a nadie y menos a un político, que se cree un servidor público.

Además, toda esa serie de acciones de desobediencia activa recibían mucha cobertura en los medios, lo cual, desagradaba tanto a Rajoy como a su gobierno. Entonces, debieron preguntarse, ¿qué hacemos? La respuesta es la misma que han practicado todos los antidemócratas del mundo: anunciar leyes represivas para impedir que las protestas perturben su tranquilidad. Llamaron al que fuera en otros tiempos la cara amable del PP, el inefable Ruíz-Gallardón, hoy reconvertido en inquisidor, que igual reparte leyes para impedir el aborto, decretos que hacen pagar tasas judiciales para impedir el acceso a la justicia a quién no tiene recursos o acogota a fiscales que investigan escándalos mayúsculos.

Así, ya está en ciernes una ley de Seguridad Ciudadana que sancionará con multas de entre 30.001 y 600.000 euros a aquellos que practiquen lo que califican como infracciones muy graves; el escrache, manifestaciones ante instituciones del estado, la grabación y difusión de imágenes de las fuerzas de seguridad, perturbar el orden público; y entre 1.000 y 30.000 euros las faltas que consideran graves, como escalar edificios públicos, cortar el tráfico, practicar el botellón o resistirse a los agentes de orden público.

En definitiva, un paquete de medidas para coartar la libertad de manifestación de la ciudadanía y reprimir la protesta social. Es, otra vuelta de tuerca para criminalizar a los movimientos sociales que pretenden, mediante la acción directa noviolenta en el espacio público, provocar cambios en las leyes y en las formas de gobernar para hacer más democrática nuestra sociedad. Se trata, ni más ni menos, que de un golpe al Estado de derecho que supuestamente dicen defender nuestros gobernantes.

El poder en los países democráticos descansa en el consentimiento que otorga la ciudadanía al gobierno del Estado. En el caso de que lleguen a sacar adelante esta ley, es lícito, en conciencia, considerarla antidemocrática y retirar ese consentimiento y soporte al Gobierno del PP. Y llegado el caso, prepararse para llevar a cabo acciones de desacato, de desobediencia, de no cooperación, de insumisión, negándose a pagar multas y lo que fuere antes que dejarse arrebatar la democracia.